En un post anterior, aludía a la necesidad de crear comunidades de archivo para afianzar cualquier política de transparencia. Aprovecho ahora para profundizar en el concepto de comunidad de archivo y en cómo puede ser útil para encara no sólo la transparencia sino el paradigma global de gobierno abierto.
Propongo definir la comunidad de archivo como el marco social de reapropiación del poder político por parte de la ciudadanía a través de su relación con la información pública. Este marco sólo se puede construir si se cumplen dos principios básicos. Primero, democratizar el derecho de archivo considerando a la ciudadanía como coproductora de la información pública. Segundo, y en consecuencia, transformar el archivo de tecnología de dominio en mecanismo de buen gobierno.
Hablo de marco social porque el archivo (el conjunto de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las administraciones”, tal como lo define la ley de transparencia en su artículo 13, pero también los sistemas de gestión documental, el personal, infraestructuras, etc…) sólo se puede entender en sociedad y para la sociedad. El concepto de comunidad de archivo ayuda a difuminar las fronteras entre institución y ciudadanía, tal como ya lo hacían los de community of records, propuesto por Jeanette A. Bastian, y community of archives que, en 2010, Eric Ketelaar (Archival Science, 10) utilizó para referirse a los municipios bajomedievales europeos en relación al uso sociopolítico, y no patrimonial, que hacían de los documentos destinados a la conservación permanente en el archivo (es decir, los “archives” en el sentido de documentos históricos que daba Schellenberg por ejemplo a esta palabra). Siguiendo estos dos conceptos, la comunidad de archivo se dota de un contenido cívico y político aún mayor gracias al actual paradigma de gobierno abierto. Si el objetivo es abrir el gobierno para que la ciudadanía participe del poder político, el archivo, como símbolo y fundamento de ese poder durante siglos, debe abrirse también metafórica y literalmente. Sin participación ciudadana en el diseño y gestión de las políticas sobre la información pública no puede haber participación significativa y consciente en el diseño y gestión del resto de políticas.
Para ello, como decíamos, hay que democratizar el derecho de archivo entendiendo que la procedencia, principio que permite contextualizar agrupaciones de información entorno a un único productor, incluye no sólo a la administración correspondiente sino también a la ciudadanía. En este sentido, es del todo pertinente la definición propuesta por Tom Nesmith en 1999: “los procesos técnicos y sociales del registro, transmisión, contextualización e interpretación de los documentos, que rinden cuenta de su existencia, características e historia continua” (Archivaria, 47). La “procedencia social”, como también es conocida, se ajusta perfectamente al nuevo entorno de administración electrónica y gobierno digital, de manera que tiene más sentido que nunca adaptar la metodología archivística a esta concepción amplia de la procedencia que atiende también al valor cambiante, esa “historia continua”, de los datos y la documentación.
Respecto al segundo principio, la función de los archivos no debe ser ni servir al poder ni servir a la ciudadanía. Me explico. Los archivos no están para servir sino para construir, junto con la administración y la ciudadanía, un nuevo tipo de contrato social a través del cual se fijen derechos, deberes y se intente alcanzar la justicia social. Pero no, como sugería John Rawls, a partir de un velo de la ignorancia, que permita así igualar de entrada el conjunto de la sociedad, sino destripándolo mediante la rendición de cuentas y el acceso universal a la información pública. Este es el auténtico valor político de los archivos y, en este sentido, de entre su utillaje conceptual, sin duda la valoración es el mejor indicado para revertir la tradicional función de arsenal del poder que hasta ahora han desarrollado.
La valoración documental es, de hecho, el gran aporte que la archivística puede ofrecer en nuestro paradójico presente de información ilimitada pero de recursos económicos escasos. Sacar provecho (cívico, económico, social, etc.) de los grandes conjuntos de datos que se generan en el marco de las actividades públicas dependerá, en gran medida, de la capacidad de valorar cuáles son más relevantes para cada sector. Ahora bien, las decisiones sobre cómo tratar y conservar esos datos, sobre cuáles priorizar su explotación, sobre cuándo y cómo eliminarlos no se pueden tomar ya en el reducido marco técnico-político de una administración. Por tanto, la ciudadanía, si se da por sentado que es coproductora de esa información, tiene todo el derecho a participar en los procedimientos de valoración documental. Como decíamos, debemos reivindicar el desarrollo teórico y la experiencia metodológica de nuestra disciplina, especialmente si, junto a Terry Eastwood, creemos que uno de los objetivos principales de la valoración es “servir la necesidad de los ciudadanos de saber cómo han sido gobernados y de fomentar el entendimiento sobre su lugar dentro de la comunidad a que consideran pertenecer, incluida obviamente la comunidad nacional” (Archivaria, 54). En el marco del gobierno abierto, pues, debemos adaptar y enriquecer los mecanismos de valoración integrando, al resto de saberes profesionales que ya la conforman, la expertez cívica en las comisiones existentes. Y debemos asegurar que éstas se ocupen no sólo de los flujos de información que se encarnan en series documentales, sino también de la gestión de la información, estructurada o no, que a través de las políticas de open data se ofrece al conjunto de la sociedad. Lo peor que podría pasar es que, en el nombre de la interoperabilidad y la innovación, se empiecen a generar estructuras paralelas y aisladas de gestión de la información pública.
Así, los avances tecnológicos que permiten automatizar la explotación masiva de datos no serán una solución viable si los algoritmos que los rigen no se diseñan a partir de criterios consensuados y transparentes, sujetos también a la rendición de cuentas. Y eso es, tan solo, un ejemplo de qué aporta pensar archivísticamente las smart cities y el big data. La valoración documental, y por ende el archivo, se convierten así no sólo en un requisito indispensable de la eficiencia administrativa sino, sobre todo, en un mecanismo de buen gobierno. En definitiva, la comunidad de archivo puede jugar el papel, especialmente en el ámbito municipal, de garante democrático de la gran transformación digital de la administración (y la sociedad) a la que asistimos.
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