La transparencia o el proceso de descolonización de la ciudanía

En 2003, Jeanette A. Bastian publicó su tesis doctoral sobre la historia archivística de  las Islas Vírgenes Estadounidenses. Desde 1672 colonia danesa y, a partir de 1917, comprada por los Estados Unidos, de quien aún depende, este país caribeño no custodia, con excepción de los registros de propiedad, casi ningún documento público anterior a 1950’s: se encuentran en los archivos nacionales de Dinamarca y de los EE.UU.

owning  memory

Sin entrar ahora en el detalle de esa historia archivística, el aparentemente “aséptico” principio de procedencia legitimó el hecho de apartar toda esa documentación a miles de quilómetros de la comunidad en que se generó, tal y como Bastian resume en este artículo. Pero, en rigor, es la falta de poder político de esa comunidad lo que realmente permite entender por qué el traslado masivo de fondos se pudo llevar a cabo. Como es sabido, los principios archivísticos nacieron y se aplican en contextos de ejercicio del poder y es en las situaciones de cese o transformación de este cuando más se evidencia el sesgo político con que también se conforman. Para salvar ese sesgo, concretamente en el caso del principio de procedencia, Bastian propuso el concepto de comunidad de documentos (community of records), entendida como la suma de documentos, de toda forma, generada por múltiples capas de acciones e interacciones entre la propia gente y entre esta y las instituciones dentro de una comunidad, la cual pasa a ser la procedencia de esos documentos (es decir, más allá del correspondiente organismo administrativo). Entender a los habitantes de las Islas Vírgenes como co-productores de los fondos de las administraciones coloniales que los han dominado legitima archivísticamente la participación en su custodia y gestión. Bastian además también recurrió, como mecanismo de solución, al principio de patrimonio conjunto (joint heritage), establecido por el ICA/CIA para el tratamiento de los archivos en procesos de descolonización. Este principio dota de la misma capacidad para tratar los fondos a la antigua metrópolis (donde generalmente se encuentran) y al nuevo estado surgido de la antigua colonia. A partir de 1999, los gobiernos de Dinamarca y las autoridades de las islas firmaron finalmente un acuerdo en ese sentido.

En 2005, Eric Ketelaar ahondando en esa misma línea teórica propuso tener en cuenta los dos conceptos articulados por Bastian para poder, más allá de solucionar el conflicto sobre titularidad y gestión de los archivos coloniales, generar una visión holística de los derechos y deberes de las partes interesadas (stakeholders) de ese tipo de fondos y así “reposicionar el rol del archivo (y del archivero) en la formación de memorias e identidades” (p. 5). Los fondos de una administración colonial documentan la sociedad local únicamente de acuerdo a taxonomías elaboradas por los colonizadores, sin contar con ella pues. Mientras, la población colonizada afirma su identidad y su capacidad de actuación en respuesta a la autoridad del dominio a que son sometidos. Por tanto, para recuperar y entender plenamente el contexto archivístico de su creación y de gestión hay que vincular ambos grupos en una sola comunidad de documentos. Ketelaar, siguiendo el records continuum, vincula este tipo de comunidad con la tercera y cuarta dimensión del modelo teorizado por Upward (organizar y pluralizar). Es decir, en la organización y difusión de la documentación de archivo, teniendo en cuenta los cuatro ejes (valor de transacción, valor de prueba, gestión de documentos e identidad) en que esta puede ser analizada en cualquier momento del continuum. Así, la comunidad de documentos es capaz de compartir, de asegurar el acceso común a la memoria (o memorias) mediante la activación (esa casi nueva creación o creación continua que defiende Ketelaar) de los documentos, producto de “cada interacción, intervención, interrogación e interpretación hecha por el creador, usuario y archivero”.

Y, llegados a este punto, ¿todo esto qué tiene que ver con la transparencia? La reivindicación ciudadana de acceso y control de la información pública no dista en la forma (y, quizás, tampoco demasiado en el fondo) de la reivindicación de las antiguas colonias por el acceso al y control del patrimonio documental que se custodia aún en las respectivas metrópolis. En ambos casos se trata de quién decide a cerca de cómo gestionar y custodiar la documentación que afecta al conjunto de una sociedad, es decir, se trata de quién tiene el poder político sobre la información pública. Cierto que el recurso a la identidad nacional, especialmente cuando se presenta en su forma banal, consigue la identificación aparente entre ciudadanía y administración, pero, un día (el 15M, es un buen ejemplo, aunque hay muchos otras fechas “fundacionales” según la comunidad cívica afectada) se descubre que el poder político “no nos representa”, que no sabemos nada de dónde ni cómo se gestiona “nuestra información” por parte de quienes pasan a verse como “élite” o “casta”, ni que mucho menos contamos con mecanismos reales de control sobre su gestión. Cuando, de manera más o menos organizada, los ciudadanos empiezan a indagar qué es eso que ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y estado hacen en su día a día, aquella identificación aparente se resquebraja aún más al comprobar que la forma en que la administración se autodocumenta es del todo ajena a su comprensión, aunque trate sobre su realidad más próxima, aunque trate sobre ellos mismos.

La carrera por la transparencia pública en que todas las administraciones se han embarcado fracasará si esta no se inserta, para cada órgano territorial, en su comunidad de documentos. O, conscientes que, a diferencia de las colonias, al menos jurídicamente sí que la ciudadanía es titular de la administración y de la estructura archivística pertinente, deberíamos mejor hablar de comunidades de archivo. Sin comunidades de archivo, es decir, sin entender la ciudadanía como co-productora (en el sentido archivístico) de la información pública, no habrá rendición de cuentas posible ni, en consecuencia, regeneración política alguna.

La participación ciudadana que, hasta ahora, promueve el gobierno abierto es parcial y, sobretodo, epidérmica. Se puede llegar a crear un presupuesto o un plan de acción de gobierno participativo, pero no se dota a la ciudadanía de las herramientas y del poder para participar en la gestión efectiva del ejercicio de ese gobierno. Ejercicio que, no hace falta recordar, se crea, captura, organiza y pluraliza mediante la documentación administrativa. No por azar, los intentos de auditoría más exitosos por parte de plataformas ciudadanas, como los Observatorios Ciudadanos Municipales, consisten en buena medida en el uso de la tecnología de archivo para replicar y controlar la información pública (inicialmente, los presupuestos municipales, pero cada vez ahondan más en otras series documentales y otros tipos de expedientes). Se está creando, pues, una estructura archivística paralela a la institucional que demuestra dos cosas: la voluntad efectiva de ejercer como co-productores de la documentación pública por parte de la ciudadanía y el fracaso en la consecución de un gobierno abierto por parte de la administración. Fracaso, precisamente, por no (querer) entender el rol cívicopolítico de la gestión documental y no compartir el diseño y gestión de la estructura archivística (y, en especial, todo su potencial alfabetizador) con la ciudadanía. Y es que estos OCM se encargan, como diría Ketelaar, de activar los documentos, de darles nuevos contextos y usos, de organizar y pluralizar pues, haciendo imprescindible afrontar la gestión de la información pública des del paradigma del records continuum y abandonar el del ciclo vital, que con tanto acierto Victoria Lane y Jennie Hill comparaban con la escatología cristiana: vida (fase activa), purgatorio (fase semiactiva) y cielo (conservación) o infierno (eliminación), todo ello decidió por una autoridad suprema, estrictamente profesional, en el particular “juicio final” de la valoración documental (The future of archives and recordkeeping. A reader. Facet publishing, 2011, p. 11-12). El reto de la transparencia, pues, debe ser integrar la participación ciudadana, es decir, las comunidades de archivo también en las dos dimensiones iniciales del records continuum (las de creación y captura), asumiendo así plenamente su estatus de co-productoras de la información pública. Porque, como muy bien sabemos los archiveros, tan o más importante es cómo se documenta que el qué se documenta, ya que, en rigor, el qué es consecuencia del cómo.

De hecho, ese tipo de participación directa de la ciudadanía como sujeto agente en la gestión documental ya se da, aunque limitada a uno sólo de los muchos ámbitos posibles y a nivel individual: la protección de datos personales. Cualquiera de nosotros puede alterar, legalmente, la integridad de ciertos documentos públicos: solicitando la eliminación de nuestros datos personales. La cuestión, pues, es por qué esa participación legal y activa no se puede ampliar a otros ámbitos de la administración y estructura archivísticas, empezando por el más crucial de todos y que acabamos de comentar: el de la valoración documental (régimen de acceso incluido, por supuesto). Mientras no se lleva a cabo ese proceso de descolonización de la ciudadanía, de asunción del poder político que le pertenece respecto a la gestión de la información pública, la transparencia, con suerte, nos servirá para llegar a la naturaleza de protectorado.

La dataviz com a eina de descripció de fons

La visualització de dades és ja una aliada insubstituïble per a la difusió dels fons documentals gestionats i custodiats als arxius. Òbviament, si comptem amb un equip de programadors tot serà més fàcil i més lluït. Però emprant els recursos gratuïts de què es disposa, podem facilitar l’accés a la informació de manera força més intuïtiva que no pas amb una fitxa NODAC o altres instruments de descripció per l’estil.

Posem, per exemple, una línia de temps. La variable cronològica és una de les més habituals a l’hora de cercar documentació per part dels usuaris d’arxiu, però, òbviament, no sempre la classificació i ordenació responen a aquest criteri. Si, per contra, emprem les dates extremes d’un conjunt de fons per integrar-los en una línia de temps (com la que de manera gratuïta ofereix KnightLab) i hi afegim la URL dels documents digitalitzats, obtindrem sense gaire esforç un accés força àgil i directe.

En aquest enllaç,

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jg503e1PFgUuRvu-mEthS1fWyK6UPQxhDOtok874SEY&font=Default&lang=ca&initial_zoom=2&height=650

hi trobareu la nòmina de notaris públics i reials de Barcelona entre els anys 1348 i 1385. Es tracta d’un total de 87 notaris identificats, 67 dels quals són els notaris públics creats durant aquest període, tal com recull el Liber examinationis notariorum civitatis Barchinone, editat per la Fundació Noguera. D’aquests, només s’han conservat registres notarials de 24. Ara bé, disposem dels fons de 20 notaris reials més que, tot i no haver-se col·legiat, es dedicaren també a escripturar els negocis privats dels barcelonins.

Justament, els fons digitalitzats de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona que a dia d’avui són accessibles a través d’Internet són de notaris d’aquest període. Així que des d’aquesta línia de temps podreu accedir directament als volums digitalitzats de 35 notaris.

Bona consulta!

 

Arxivística comunitària? Un repte, més enllà de la moda

A L’Avenç de desembre passat, i en el context d’un bitllet dedicat a repensar el disseny d’estratègies per tractar i difondre el patrimoni documental, vaig apuntar el cas dels arxius independents i comunitaris (AIC) com a experiència no institucional de pràctica arxivística. Aprofito aquí part d’aquell bitllet per integrar-ho en un text que permeti detallar una mica més quina és la natura d’aquests fons i dels seus productors i, sobretot, com de necessari és integrar-los en les polítiques arxivístiques públiques, bo i mantenint sempre la seva autonomia.

No són pas una realitat nova. Ben al contrari, des de la fi dels anys setanta comptem amb diversos exemples vinculats, sobretot, a moviments veïnals, socials i de gènere. Alguns d’aquests s’han institucionalitzat, en forma de centres d’estudi i documentació o bé arxius de barri, però sempre en paral·lel a l’estructura arxivística pública. En els últims anys, coincidint sobretot amb l’inici de la crisi econòmica i l’augment de la contestació política, també s’han multiplicat els AIC, molts d’aquests directament generats en ambient digital gràcies a les facilitats de les noves tecnologies. L’administració arxivística no s’ha mantingut al marge i ha establert relacions, més o menys estables, en àmbit local especialment amb els AIC més veterans. Potser, però, caldria comptar amb un bon marc conceptual per afrontar aquestes relacions i fer-les perdurables, en benefici mutu. L’exemple britànic, i en especial l’aproximació teòrica i professional duta a terme des entre els anys 2008 i 2009, per l’equip de recerca liderat per Andrew Flinn a l’University College of London (Un útil i breu resum: Andrew Flinn, “The impact of independent and community archive on professional archival thinking and practice”, dins Jennie Hill (Ed). The future of Archives and Recordkeeping. A reader. London: Facet Publishing, 2011, p. 145-169).

Els AIC haurien de ser un referent per a l’arxivística institucional ja que permeten desterrar la idea que el patrimoni documental és, en essència, un fet “cultural”. Tal com Andrew Flinn i Mary Stevens puntualitzen al capítol introductori del llibre Community archives. The Shaping of memory (Lancet, 2009), el fet de recuperar, explicar i preservar la pròpia història, quan ha estat marginalitzada i subordinada, és un acte polític i, fins i tot, subversiu. Els AIC responen a la necessitat de crear un cos coherent de materials per evidenciar l’experiència subalterna dels seus productors. Són fruit d’una clara consciència arxivística vinculada a un acte crític de reflexió cívica i política: “el moment en què es crea i rep un nom és un moment de reflexió i sovint de resposta a condicionants socials. És un acte crític de resistència contra la subordinació i la discriminació” (p. 8). La perspectiva dels AIC, per tant, evidencia el caràcter eminentment polític (o cívic, si es vol) de l’arxivística i com aquest determina i es reflecteix en els plans d’adquisició i difusió del patrimoni documental per part de les administracions.

La majoria dels AIC neixen com a reacció de comunitats que constaten els silencis d’arxiu construïts per les institucions públiques respecte la seva història i la seva identitat. L’exclusió de les narratives memorialístiques i patrimonials oficials, però, no és l’únic motiu, sinó que la reparació històrica va lligada a la lluita present. Col·lectius que pateixen les conseqüències de processos de desindustrialització, manca de drets civils i socials, sigui per motius de gènere, ètnia o religió, i altres tipus de discriminacions més o menys latents generen aquests arxius, justament, com a eina de reforç i dignificació de la pròpia identitat: tenir cura dels documents és tenir cura dels drets i deures d’aquells que els produeixen; classificar i descriure el propi fons és un exercici d’enfortiment individual i col·lectiu alhora.

Precisament, el caràcter subaltern i independent dels AIC, que és el seu tret principal, esdevé també el seu punt feble quan no es pot mantenir la implicació fundacional dels seus membres al llarg del temps. I és aquí on cal que l’administració i, en especial, l’estructura arxivística, afronti el problema més enllà de l’adquisició discrecional d’un o altre fons. Per respecte a la seva mateixa raó de ser, el pitjor que es podria fer és caure en un mercantilisme from below i que aquests fons comencessin a ser objecte de pugna col·leccionista, tal com ja ho són lamentablement els arxius literaris o fotogràfics. Per contra, cal una aproximació estructural fruit de la col·laboració entre l’arxivística institucional (i aquí hem d’incloure el sector professional, però també –el reduït– acadèmic) i òbviament els grups titulars dels fons, fonamentada en tres principis clau: les comunitats han de gestionar i custodiar els seus propis arxius; han de participar també en l’avaluació dels fons dels arxius públics; i l’arxiver, com a professional nodal entre administració i comunitat, ha de saber transformar la seva expertesa en mecanisme d’acompanyament i confiança.

Aquest últim, de fet, és el principi fonamental. Tenim el repte que la ciutadania en general i les comunitats titulars dels AIC en particular percebin els arxius com a institucions no de cultura, sinó de confiança, i als arxivers com a professionals que empren la seva expertesa no com una imposició metodològica, sinó com un servei per a la contextualització dels fons documentals, independentment d’on i qui els custodiïn. Tal com proposava Terry Cook, hem de ser a l’hora experts i aprenents: “We archivists need to listen as well as speak, becoming ourselves apprentices to learn new ways (and, sometimes, very old ways) that communities have for dealing with creating and authenticating evidence, storytelling memory-making, documenting relationships that are often very different from our own” (“Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms”, Archival Science (2013) 12, p. 114). En aquest sentit, els AIC són també una excel·lent oportunitat per aprofundir en la comprensió de la tensió creativa entre prova i memòria que explica la singular natura de la documentació d’arxiu.

Cal que tinguem molt present, seguint el mateix Cook, que no hi pot haver memòria sense proves fiables i, a la vegada, sense memòria o relat per construir, les proves són inútils. Per tant, hem de saber mirar més enllà dels marcs jurídics hegemònics per entendre el valor d’evidència d’uns fons generats per institucions latents (aquest concepte de la sociologia crec que és del tot adient per definir els productors dels AIC). De ben segur, molts d’aquests documents no respondran a les característiques (de gènesi, d’estructura formal, etc.) dels documents d’arxiu “tradicionals”, però sí comparteixen el fet de respondre a un coherent principi de provinença com a prova d’una comuna identitat, potser no sempre legal, però sí entesa com a legítima i objecte de reivindicació. I aquí és on l’arxivística, millor potser que cap altre disciplina, ajuda a evitar la folclorització 2.0 que suposa bona part de l’actual aproximació institucional al patrimoni cultural, escapçant-lo de les comunitats que l’han generat i dels conjunt de drets pels quals ha estat produït. Oferint-lo com a mer producte, a punt per consumir.

A més a més, el treball en pla d’igualtat amb els AIC pot aportar un retorn ben significatiu: dotar la gent amb eines i coneixement (quadres de classificació, sèries documentals, vocabularis de metadades, etc.) per afrontar amb garanties l’accés i comprensió de la informació pública, per tal de fer efectiva una fiscalització profunda de les administracions. Més enllà del model de governança que les diverses forces polítiques proposen (business friendly, comunitària, 100% pública, etc.), totes aposten per una rendició de comptes de façana, desvinculada de l’accés i avaluació directa a la informació original. Si la consciència arxivística s’estén entre diversos col·lectius i grups socials, cosa que de fet ja està passant, com els Observatoris Ciutadans Municipals demostren, difícilment les administracions podran seguir obviant les seves obligacions respecte la correcta gestió de la documentació i informació públiques, tant per a la seva vida administrativa com per a la fase històrica.

No seria, de fet, aquesta la millor manera de democratitzar els arxius i el patrimoni documental?