Gobierno abierto: ¿smart cities o comunidades de archivo?

En un post anterior, aludía a la necesidad de crear comunidades de archivo para afianzar cualquier política de transparencia. Aprovecho ahora para profundizar en el concepto de comunidad de archivo y en cómo puede ser útil para encara no sólo la transparencia sino el paradigma global de gobierno abierto.

Propongo definir la comunidad de archivo como el marco social de reapropiación del poder político por parte de la ciudadanía a través de su relación con la información pública. Este marco sólo se puede construir si se cumplen dos principios básicos. Primero, democratizar el derecho de archivo considerando a la ciudadanía como coproductora de la información pública. Segundo, y en consecuencia, transformar el archivo de tecnología de dominio en mecanismo de buen gobierno.

Hablo de marco social porque el archivo (el conjunto de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las administraciones”, tal como lo define la ley de transparencia en su artículo 13, pero también los sistemas de gestión documental, el personal, infraestructuras, etc…) sólo se puede entender en sociedad y para la sociedad. El concepto de comunidad de archivo ayuda a difuminar las fronteras entre institución y ciudadanía, tal como ya lo hacían los de community of records, propuesto por Jeanette A. Bastian, y community of archives que, en 2010, Eric Ketelaar (Archival Science, 10) utilizó para referirse a los municipios bajomedievales europeos en relación al uso sociopolítico, y no patrimonial, que hacían de los documentos destinados a la conservación permanente en el archivo (es decir, los “archives” en el sentido de documentos históricos que daba Schellenberg por ejemplo a esta palabra). Siguiendo estos dos conceptos, la comunidad de archivo se dota de un contenido cívico y político aún mayor gracias al actual paradigma de gobierno abierto. Si el objetivo es abrir el gobierno para que la ciudadanía participe del poder político, el archivo, como símbolo y fundamento de ese poder durante siglos, debe abrirse también metafórica y literalmente. Sin participación ciudadana en el diseño y gestión de las políticas sobre la información pública no puede haber participación significativa y consciente en el diseño y gestión del resto de políticas.

Para ello, como decíamos, hay que democratizar el derecho de archivo entendiendo que la procedencia, principio que permite contextualizar agrupaciones de información entorno a un único productor, incluye no sólo a la administración correspondiente sino también a la ciudadanía. En este sentido, es del todo pertinente la definición propuesta por Tom Nesmith en 1999: “los procesos técnicos y sociales del registro, transmisión, contextualización e interpretación de los documentos, que rinden cuenta de su existencia, características e historia continua” (Archivaria, 47). La “procedencia social”, como también es conocida, se ajusta perfectamente al nuevo entorno de administración electrónica y gobierno digital, de manera que tiene más sentido que nunca adaptar la metodología archivística a esta concepción amplia de la procedencia que atiende también al valor cambiante, esa “historia continua”, de los datos y la documentación.

Respecto al segundo principio, la función de los archivos no debe ser ni servir al poder ni servir a la ciudadanía. Me explico. Los archivos no están para servir sino para construir, junto con la administración y la ciudadanía, un nuevo tipo de contrato social a través del cual se fijen derechos, deberes y se intente alcanzar la justicia social. Pero no, como sugería John Rawls, a partir de un velo de la ignorancia, que permita así igualar de entrada el conjunto de la sociedad, sino destripándolo mediante la rendición de cuentas y el acceso universal a la información pública. Este es el auténtico valor político de los archivos y, en este sentido, de entre su utillaje conceptual, sin duda la valoración es el mejor indicado para revertir la tradicional función de arsenal del poder que hasta ahora han desarrollado.

La valoración documental es, de hecho, el gran aporte que la archivística puede ofrecer en nuestro paradójico presente de información ilimitada pero de recursos económicos escasos. Sacar provecho (cívico, económico, social, etc.) de los grandes conjuntos de datos que se generan en el marco de las actividades públicas dependerá, en gran medida, de la capacidad de valorar cuáles son más relevantes para cada sector. Ahora bien, las decisiones sobre cómo tratar y conservar esos datos, sobre cuáles priorizar su explotación, sobre cuándo y cómo eliminarlos no se pueden tomar ya en el reducido marco técnico-político de una administración. Por tanto, la ciudadanía, si se da por sentado que es coproductora de esa información, tiene todo el derecho a participar en los procedimientos de valoración documental. Como decíamos, debemos reivindicar el desarrollo teórico y la experiencia metodológica de nuestra disciplina, especialmente si, junto a Terry Eastwood, creemos que uno de los objetivos principales de la valoración es “servir la necesidad de los ciudadanos de saber cómo han sido gobernados y de fomentar el entendimiento sobre su lugar dentro de la comunidad a que consideran pertenecer, incluida obviamente la comunidad nacional” (Archivaria, 54). En el marco del gobierno abierto, pues, debemos adaptar y enriquecer los mecanismos de valoración integrando, al resto de saberes profesionales que ya la conforman, la expertez cívica en las comisiones existentes. Y debemos asegurar que éstas se ocupen no sólo de los flujos de información que se encarnan en series documentales, sino también de la gestión de la información, estructurada o no, que a través de las políticas de open data se ofrece al conjunto de la sociedad. Lo peor que podría pasar es que, en el nombre de la interoperabilidad y la innovación, se empiecen a generar estructuras paralelas y aisladas de gestión de la información pública.

Así, los avances tecnológicos que permiten automatizar la explotación masiva de datos no serán una solución viable si los algoritmos que los rigen no se diseñan a partir de criterios consensuados y transparentes, sujetos también a la rendición de cuentas. Y eso es, tan solo, un ejemplo de qué aporta pensar archivísticamente las smart cities y el big data. La valoración documental, y por ende el archivo, se convierten así no sólo en un requisito indispensable de la eficiencia administrativa sino, sobre todo, en un mecanismo de buen gobierno. En definitiva, la comunidad de archivo puede jugar el papel, especialmente en el ámbito municipal, de garante democrático de la gran transformación digital de la administración (y la sociedad) a la que asistimos.

Els arxius: institucions d’informació, context i confiança

 

El passat mes de juny es van penjar els vídeos de les jornades Cultura Viva, celebrades els dies 1 i 2 de març a Barcelona i organitzades per l’ICUB. Us enllaço el corresponent a la meva participació, com a vicepresident de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, dins de l’eix dedicat a les Institucions de la memòria.

La comunicació es va dividir en dos grans blocs. El primer es va centrar a com fer transparents les institucions de la memòria tal com l’organització va definir museus, arxius i altres centres que gestionen certs tipus de patrimoni cultural. Així, a partir del marc normatiu sobre transparència i gestió de la informació pública, s’hi reivindicà el rol dels serveis d’arxiu d’aquestes institucions com a garants de l’accés fiable a totes les dades i continguts del seu backoffice, més enllà de la mera publicitat activa.

El segon bloc s’ocupà de com fer accessible el patrimoni documental al conjunt de la ciutadania i, en paral·lel, de com integrar la ciutadania mateixa en les polítiques arxivístiques. L’ús de tecnologies de la informació i la transició digital són els mitjans i el paradigma necessaris. Però, cal repensar sobretot la funció política dels arxius. Defugir del reduccionisme de la tripleta “patrimoni, memòria, cultura”  i apostar per la transversalitat que aporta la d'”informació, context i confiança” ha de permetre democratitzar els arxius com a mecanisme de participació en l’acció de govern i com a assegurança de la rendició de comptes històrica. Així, en l’àmbit de l’administració cal crear comunitats d’arxiu mitjançant la inclusió de l’expertesa cívica en els processos de classificació, descripició i avaluació documental. I, en l’àmbit social, cal consolidar els arxius independents i comunitaris com a contrapunt a les narratives oficials i com a millor garantia de no perpetuar els silencis d’arxius heretats dels règims no democràtics del passat.

Feu un cop d’ull també a la resta de vídeos de l’eix, en què hi participaren Chus DomínguezFrancisco Rubio, Maarten Brinkerink i Núria Ricard.

 

La transparencia o el proceso de descolonización de la ciudanía

En 2003, Jeanette A. Bastian publicó su tesis doctoral sobre la historia archivística de  las Islas Vírgenes Estadounidenses. Desde 1672 colonia danesa y, a partir de 1917, comprada por los Estados Unidos, de quien aún depende, este país caribeño no custodia, con excepción de los registros de propiedad, casi ningún documento público anterior a 1950’s: se encuentran en los archivos nacionales de Dinamarca y de los EE.UU.

owning  memory

Sin entrar ahora en el detalle de esa historia archivística, el aparentemente “aséptico” principio de procedencia legitimó el hecho de apartar toda esa documentación a miles de quilómetros de la comunidad en que se generó, tal y como Bastian resume en este artículo. Pero, en rigor, es la falta de poder político de esa comunidad lo que realmente permite entender por qué el traslado masivo de fondos se pudo llevar a cabo. Como es sabido, los principios archivísticos nacieron y se aplican en contextos de ejercicio del poder y es en las situaciones de cese o transformación de este cuando más se evidencia el sesgo político con que también se conforman. Para salvar ese sesgo, concretamente en el caso del principio de procedencia, Bastian propuso el concepto de comunidad de documentos (community of records), entendida como la suma de documentos, de toda forma, generada por múltiples capas de acciones e interacciones entre la propia gente y entre esta y las instituciones dentro de una comunidad, la cual pasa a ser la procedencia de esos documentos (es decir, más allá del correspondiente organismo administrativo). Entender a los habitantes de las Islas Vírgenes como co-productores de los fondos de las administraciones coloniales que los han dominado legitima archivísticamente la participación en su custodia y gestión. Bastian además también recurrió, como mecanismo de solución, al principio de patrimonio conjunto (joint heritage), establecido por el ICA/CIA para el tratamiento de los archivos en procesos de descolonización. Este principio dota de la misma capacidad para tratar los fondos a la antigua metrópolis (donde generalmente se encuentran) y al nuevo estado surgido de la antigua colonia. A partir de 1999, los gobiernos de Dinamarca y las autoridades de las islas firmaron finalmente un acuerdo en ese sentido.

En 2005, Eric Ketelaar ahondando en esa misma línea teórica propuso tener en cuenta los dos conceptos articulados por Bastian para poder, más allá de solucionar el conflicto sobre titularidad y gestión de los archivos coloniales, generar una visión holística de los derechos y deberes de las partes interesadas (stakeholders) de ese tipo de fondos y así “reposicionar el rol del archivo (y del archivero) en la formación de memorias e identidades” (p. 5). Los fondos de una administración colonial documentan la sociedad local únicamente de acuerdo a taxonomías elaboradas por los colonizadores, sin contar con ella pues. Mientras, la población colonizada afirma su identidad y su capacidad de actuación en respuesta a la autoridad del dominio a que son sometidos. Por tanto, para recuperar y entender plenamente el contexto archivístico de su creación y de gestión hay que vincular ambos grupos en una sola comunidad de documentos. Ketelaar, siguiendo el records continuum, vincula este tipo de comunidad con la tercera y cuarta dimensión del modelo teorizado por Upward (organizar y pluralizar). Es decir, en la organización y difusión de la documentación de archivo, teniendo en cuenta los cuatro ejes (valor de transacción, valor de prueba, gestión de documentos e identidad) en que esta puede ser analizada en cualquier momento del continuum. Así, la comunidad de documentos es capaz de compartir, de asegurar el acceso común a la memoria (o memorias) mediante la activación (esa casi nueva creación o creación continua que defiende Ketelaar) de los documentos, producto de “cada interacción, intervención, interrogación e interpretación hecha por el creador, usuario y archivero”.

Y, llegados a este punto, ¿todo esto qué tiene que ver con la transparencia? La reivindicación ciudadana de acceso y control de la información pública no dista en la forma (y, quizás, tampoco demasiado en el fondo) de la reivindicación de las antiguas colonias por el acceso al y control del patrimonio documental que se custodia aún en las respectivas metrópolis. En ambos casos se trata de quién decide a cerca de cómo gestionar y custodiar la documentación que afecta al conjunto de una sociedad, es decir, se trata de quién tiene el poder político sobre la información pública. Cierto que el recurso a la identidad nacional, especialmente cuando se presenta en su forma banal, consigue la identificación aparente entre ciudadanía y administración, pero, un día (el 15M, es un buen ejemplo, aunque hay muchos otras fechas “fundacionales” según la comunidad cívica afectada) se descubre que el poder político “no nos representa”, que no sabemos nada de dónde ni cómo se gestiona “nuestra información” por parte de quienes pasan a verse como “élite” o “casta”, ni que mucho menos contamos con mecanismos reales de control sobre su gestión. Cuando, de manera más o menos organizada, los ciudadanos empiezan a indagar qué es eso que ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y estado hacen en su día a día, aquella identificación aparente se resquebraja aún más al comprobar que la forma en que la administración se autodocumenta es del todo ajena a su comprensión, aunque trate sobre su realidad más próxima, aunque trate sobre ellos mismos.

La carrera por la transparencia pública en que todas las administraciones se han embarcado fracasará si esta no se inserta, para cada órgano territorial, en su comunidad de documentos. O, conscientes que, a diferencia de las colonias, al menos jurídicamente sí que la ciudadanía es titular de la administración y de la estructura archivística pertinente, deberíamos mejor hablar de comunidades de archivo. Sin comunidades de archivo, es decir, sin entender la ciudadanía como co-productora (en el sentido archivístico) de la información pública, no habrá rendición de cuentas posible ni, en consecuencia, regeneración política alguna.

La participación ciudadana que, hasta ahora, promueve el gobierno abierto es parcial y, sobretodo, epidérmica. Se puede llegar a crear un presupuesto o un plan de acción de gobierno participativo, pero no se dota a la ciudadanía de las herramientas y del poder para participar en la gestión efectiva del ejercicio de ese gobierno. Ejercicio que, no hace falta recordar, se crea, captura, organiza y pluraliza mediante la documentación administrativa. No por azar, los intentos de auditoría más exitosos por parte de plataformas ciudadanas, como los Observatorios Ciudadanos Municipales, consisten en buena medida en el uso de la tecnología de archivo para replicar y controlar la información pública (inicialmente, los presupuestos municipales, pero cada vez ahondan más en otras series documentales y otros tipos de expedientes). Se está creando, pues, una estructura archivística paralela a la institucional que demuestra dos cosas: la voluntad efectiva de ejercer como co-productores de la documentación pública por parte de la ciudadanía y el fracaso en la consecución de un gobierno abierto por parte de la administración. Fracaso, precisamente, por no (querer) entender el rol cívicopolítico de la gestión documental y no compartir el diseño y gestión de la estructura archivística (y, en especial, todo su potencial alfabetizador) con la ciudadanía. Y es que estos OCM se encargan, como diría Ketelaar, de activar los documentos, de darles nuevos contextos y usos, de organizar y pluralizar pues, haciendo imprescindible afrontar la gestión de la información pública des del paradigma del records continuum y abandonar el del ciclo vital, que con tanto acierto Victoria Lane y Jennie Hill comparaban con la escatología cristiana: vida (fase activa), purgatorio (fase semiactiva) y cielo (conservación) o infierno (eliminación), todo ello decidido por una autoridad suprema, estrictamente profesional, en el particular “juicio final” de la valoración documental (The future of archives and recordkeeping. A reader. Facet publishing, 2011, p. 11-12). El reto de la transparencia, pues, debe ser integrar la participación ciudadana, es decir, las comunidades de archivo también en las dos dimensiones iniciales del records continuum (las de creación y captura), asumiendo así plenamente su estatus de co-productoras de la información pública. Porque, como muy bien sabemos los archiveros, tan o más importante es cómo se documenta que el qué se documenta, ya que, en rigor, el qué es consecuencia del cómo.

De hecho, ese tipo de participación directa de la ciudadanía como sujeto agente en la gestión documental ya se da, aunque limitada a uno sólo de los muchos ámbitos posibles y a nivel individual: la protección de datos personales. Cualquiera de nosotros puede alterar, legalmente, la integridad de ciertos documentos públicos: solicitando la eliminación de nuestros datos personales. La cuestión, pues, es por qué esa participación legal y activa no se puede ampliar a otros ámbitos de la administración y estructura archivísticas, empezando por el más crucial de todos y que acabamos de comentar: el de la valoración documental (régimen de acceso incluido, por supuesto). Mientras no se lleva a cabo ese proceso de descolonización de la ciudadanía, de asunción del poder político que le pertenece respecto a la gestión de la información pública, la transparencia, con suerte, nos servirá para llegar a la naturaleza de protectorado.