La transparencia como instrumento de hegemonía: del consenso al contexto


“No hay poder político sin control del archivo […] La democratización efectiva se mide siempre por este criterio esencial: la participación y el acceso al archivo, a su construcción y a su interpretación”.

Derrida, Jaques. Mal de archivo

Una de las iniciativas que más polémica ha generado del nuevo consistorio madrileño ha sido la puesta en marcha del portal Madrid Version Original. Sobre todo, porque afecta a los medios de comunicación, muchos de los cuales se encargan de generar polémicas a falta de ejercer su obligación de contrapoder. Un muy buen resumen del tema y también explicación de qué es MadridVO lo da Silvia Chocarro en este artículo de Público. La web se define así: “este es un espacio de transparencia y comunicación que debería ser útil no sólo a los ciudadanos sino también a los medios, puesto que pone a disposición de los mismos la información original apoyada por documentación para que pueda ser verificada”. Pero, cuando consultamos alguna de las entradas, podemos constatar que lo que se entiende por “información original” y “documentación” no va mucho más allá de los comunicados de prensa. Es decir, contenidos que proceden de las declaraciones, no tanto de los actos ni documentos, de la administración y que sirven para contrastar la “información” ofrecida por los medios de comunicación. Por ejemplo, en la dedicada a la más que sensible cuestión de los menores en riesgo de malnutrición, la “información” se produce en el contexto de un pleno y, gracias a eso, se puede reenviar al usuario al diario de sesiones. Este sí, un documento, uno de los pocos que, ya hace años, las administraciones locales se han acostumbrado a someter a publicidad activa. Pero, por el contrario, no se enlaza a ninguna de las partidas presupuestarias aludidas ni a su grado de ejecución. Eso sí sería “una información lo más completa y transparente posible”, el tipo de información (la que recoge en su definición el artículo 13 de la ley de transparencia española) que debería estar siempre al alcance de la ciudadanía y de los medios.

Sinceramente, creo que MadridVO tiene que ver más con la necesidad para la “nueva política” de generar narrativas creíbles en la lucha mediática por la hegemonía que no con la obligación de transparencia. Sergi Picazo, en un artículo de Crític, alertaba sobre esa necesidad en el caso de Barcelona en Comú y también del papel que los medios de comunicación tienen hoy día en la construcción de hegemonía -según él, siguiendo a Manuel Castells, “son el espacio donde se crea el poder”.

Pero, el grado de consenso que las instituciones públicas generen en la ciudadanía  no se ganará emitiendo comunicados que respondan a noticias aparecidas en los diarios y las televisiones (como también concluye Picazo). La administración, cuando sirve al interés de la mayoría, siempre tendrá las de perder en la lucha mediática por la hegemonía. Sería mucho más eficiente que centrase sus esfuerzos en una transparencia “en versión original”, es decir, en dotar de contexto toda la información pública desde que esta se genera hasta que se decide su eliminación o preservación para asegurar así su acceso permanente. Porque, al fin y al cabo, el contexto no sólo determina la verosimilitud de las narrativas que conforman esa lucha, sino el significado mismo de la información.

Y ahí es donde el periodismo, sea desde un medio de comunicación o sea desde un gabinete de prensa (no entraré ahora en cuántos medios no son ya más que el gabinete de prensa de sus propietarios), debe plantearse cuál es su función: si seguir apostando sólo por generar narrativas con la esperanza de que la suya se convierta en hegemónica, o colaborar también en la revolucionaria tarea de garantizar un acceso universal a la información pública, para que la ciudadanía disponga de materiales fiables que le permitan evaluar juiciosamente sobre la gestión de lo público (o de lo común, como se prefiera) y construir así, desde abajo (y “por los de abajo”) un sólido “bloque histórico”.

Y para esa tarea (de hecho, para esas dos tareas), los ayuntamientos gobernados por fuerzas de la llamada “nueva política” deberían convertirse en laboratorios privilegiados, ya que suman a la disposición de la información pública (en los sistemas de gestión documental integral, tal como fijan leyes y reglamentos) la explícita voluntad política de ejercer de manera transparente un mandato democrático guiado por la continua participación ciudadana. Así sucede en Madrid, donde, además, cuenta el Ayuntamiento con un flamante Reglamento del Sistema de Gestión Documental Integral y Archivos, aprobado un mes antes de las elecciones del 24M, que, a poco que se lea detenidamente, otorga a la estructura archivística municipal un papel ineludible como agente de transparencia. Pero, aparentemente, ninguna de las acciones vinculadas a este ámbito que se han anunciado parece contar con esa estructura (como la nueva plataforma de participación ciudadana: sólo un apunte, ¿se ha diseñado una estrategia de preservación de evidencias teniendo en cuenta que determinará la ejecución de un porcentaje significativo del presupuesto municipal?).

Y es que va siendo hora de pensar la transparencia más de dentro hacia fuera que no de fuera hacia dentro. Ya sé que, contrariamente, el discurso que predomina actualmente es el que defiende un diseño de sistemas usuario-céntricos. Pero ese discurso, normalmente, sirve a una idea de transparencia epidérmica, ya que no trasciende el concepto de sistema más allá de los aplicativos de “front end”: los portales, las app de información y participación, etc. Todos ellos conectados a gestores de contenidos que, previa selección discrecional y completamente disociados de los sistemas de gestión documental, muestran infografías, gráficos, datos geolocalizados y, hasta incluso, algún documento. La falta de actualización o la poca calidad de la información que se ofrece (que sí, que está muy bien que esté disponible en formatos reutilizables y abiertos, pero, ¿es fiable?¿puedo contrastar si es original o no mediante su trazabilidad?) son los síntomas más comunes del particular “mal de archivo” que sufre el marco conceptual de la transparencia predominante. Un mal de archivo transversal a todo el arco político, por cierto. Un mal que, en este caso, considera el archivo (entiéndase, el conjunto de normas y técnicas que permiten diseñar una gestión eficiente de la información pública mediante una arquitectura que alcanza todo su ciclo vital) como algo secundario, cuando no vestigial, en el conjunto de agentes encargados de una reorganización de la administración que tienda a asegurar la rendición de cuentas (cosa que explica la elección, en el discurso político, de la habitual retahíla de metáforas, nuevamente, epidérmicas: paredes de vidrio, luz y taquígrafos, etc.).

Por el contrario, sólo bajando a las “entrañas de la bestia” (una metáfora “hipodérmica” que sí me gustaría encontrar en el discurso sobre transparencia de vez en cuando) aseguraremos el acceso, en el grado que fije la legislación, a toda la información generada por el conjunto de procedimientos administrativos. Pero para ello se necesita contar también con los servicios de archivo y con la pericia técnica de sus responsables, quienes, para empezar, pueden aclarar rápidamente por qué el front end de acceso a la información debería ser uno más de los subsistemas dentro de todo sistema integral de gestión documental y no un compartimento estanco creado ad hoc para cumplir con la ley 19/2013 (los artículos 5.2 y 5.4 de la ley catalana de transparencia, deberían ser el modelo a seguir … también en Catalunya, claro). Y que, por fuerza, debe ser coherentemente vinculado al conjunto de instrumentos (según el Reglamento del SGDIA de Madrid: cuadro de clasificación, catálogos de procedimientos, de metadatos y de tipos documentales, tablas de acceso y seguridad, calendario de conservación, tesauro) que permiten contextualizar de manera íntegra y fiable la información pública. Siendo esa contextualización el requisito previo para, ahora sí, diseñar sistemas usuario-céntricos que recojan la obligación legal de publicidad activa.

Así, en una sociedad donde ya nadie puede ni monopolizar ni controlar canales ni medios de comunicación, donde la información, de hecho, trasciende a ambos y es reutilizada continuamente, la vital función nodal del intelectual orgánico para “generar consenso” (y que en buena medida juegan los medios hoy día) se debería ir atribuyendo también a los profesionales encargados de “fijar el contexto”. Y esos profesionales, al menos en el ámbito de la administración, tienen un nombre. Los archiveros debemos entender nuestra profesión desde el postcustodialismo, pero, sobre todo, los responsables políticos deben acabar con el secuestro historicista de los archivos. En cualquier sociedad democrática, tienen mucho más que ver con la fiscalización del presente y la construcción del futuro que con la conservación del pasado. Sanidad, educación o deuda pública son sólo algunos de los ámbitos en los que, sin la participación destacada de los archivos, no sólo no se van a poder realizar auditorías fiables, sino que, más importante aún, tampoco se van a poder consensuar nuevas políticas. Y esto vale tanto para la “nueva” política, como para cualquier otra que considere al ciudadano no como un menor al que tutelar sino como un adulto con quien co-gobernar.

El sistema de archivos de la administración forma parte del “complejo formidable de trincheras y fortificaciones” que sustenta la hegemonía. Pero, a diferencia del filósofo de la praxis gramsciano, aquel responsable político que quiera transformar la sociedad ya no debe prepararse para librar una guerra de posición para asaltarlo. Tan sólo tiene que abrir la puerta y hablar con el archivero. Y si no lo hay (¿cuántas empresas públicas y cuántos consorcios basan su opacidad en la falta de un responsable adecuado para la correcta gestión documental?), contratarlo.

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